Garantías: lo que la Constitución promete y el proceso debe cumplir.
Esta sección traduce los principios jurídicos en preguntas públicas de control. No afirma inocencia material: recuerda que la culpabilidad debe ser probada legalmente, con garantías que valen para todos.
La regla base
El Estado acusa. El Estado debe probar. En un juicio penal, el acusado no tiene la carga de demostrar su inocencia. La Fiscalía debe acreditar hechos, vínculos, delitos, intencionalidad y responsabilidad individual mediante pruebas lícitas. Si no lo logra, la consecuencia no es la duda: es la absolución.
Duda razonable
La duda razonable no es propaganda ni evasión. Es la distancia concreta que queda entre lo que la acusación afirma y lo que la prueba logra demostrar. No es una sospecha genérica: es un vacío puntual entre acusación y evidencia. Cuando esa distancia existe, debe ser identificada.
Las ocho garantías del debido proceso.
El artículo 49 de la Constitución aplica el debido proceso a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Estos son sus ocho puntos, resumidos en lenguaje claro.
Notificación de cargos, acceso a las pruebas y tiempo para responder. Las pruebas obtenidas violando el debido proceso son nulas.
Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso.
Juez competente y previo. Nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción ni comisiones creadas al efecto.
Nadie está obligado a confesarse culpable. La confesión solo vale sin coacción de ninguna naturaleza.
Nadie puede ser sancionado por actos no previstos como delitos en leyes preexistentes.
Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Derecho a reparación por error judicial, retardo u omisión injustificados; jueces responsables conforme a derecho.
Dos garantías bajo lupa en este caso
El juicio PDVSA-Cripto pone en tensión, de forma especialmente clara, dos de esas ocho garantías. Las explicamos como preguntas verificables, no como sentencias.
Juez natural (ordinal 4)
Especialistas han señalado que los tribunales con competencia en terrorismo fueron creados por una resolución administrativa de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia —la Resolución número 2012-0026, publicada en Gaceta Oficial en enero de 2013— y no por una ley de la Asamblea Nacional. De ser así, su competencia para juzgar a civiles sería cuestionable a la luz del ordinal 4, que prohíbe los tribunales de excepción. La pregunta pública: ¿es el tribunal que juzga el juez natural que la Constitución exige?
Prisión preventiva (proporcionalidad)
El Código Orgánico Procesal Penal establece, en su artículo 230, que la medida de prisión preventiva no debe exceder de dos años; cumplido ese plazo sin sentencia, debe cesar o sustituirse por una medida menos gravosa, salvo prórroga solicitada por el Ministerio Público. La pregunta pública: ¿se respeta ese límite, o se prolonga la privación de libertad sin sentencia?
Preguntas de control
- ¿La defensa tuvo acceso pleno y oportuno al expediente?
- ¿La prueba fue obtenida sin coacción ni tortura?
- ¿La prueba identifica hechos concretos de cada acusado, uno por uno?
- ¿La audiencia permite contradicción real, o se limita por medios telemáticos?
- ¿El tribunal tiene competencia legal válida y previa?
- ¿Se respetan los plazos de la prisión preventiva?