¿Qué vincula a un acusado con otro en el juicio PDVSA-Cripto?

En el juicio por el caso PDVSA-Cripto, una pregunta procesal resulta indispensable: en una causa concreta contra 64 personas, ¿qué vincula realmente a un acusado con otro?

La respuesta no puede ser simplemente "la trama".

En derecho penal, una causa colectiva no puede convertirse en una bolsa común de sospechas. El hecho de que varias personas aparezcan dentro de un mismo expediente no significa, por sí solo, que todas hayan actuado juntas, que compartan responsabilidad, que hayan tenido conocimiento de los mismos hechos o que respondan por los mismos delitos.

Para que 64 personas sean juzgadas dentro de una misma causa, debe existir un nexo jurídico y fáctico claro: una conexión entre hechos, conductas, operaciones, decisiones, documentos, transferencias, contratos, comunicaciones, estructuras empresariales o beneficios. Ese vínculo debe ser probado, no presumido.

La Fiscalía tiene la carga de explicar qué une a cada acusado con la causa y qué lo une, si es el caso, con los demás procesados. No basta con decir que todos pertenecían al mismo entorno, que todos trabajaron alrededor de PDVSA, que todos conocían a un funcionario o que todos aparecen mencionados en un acta policial. La relación penal exige precisión.

El vínculo no se presume

En una trama compleja puede haber altos funcionarios, gerentes, empresarios, operadores financieros, empleados, conductores, familiares, accionistas o personas periféricas. Pero no todos ocupan el mismo lugar. No todos tienen la misma capacidad de decisión. No todos manejan información estratégica. No todos participan en contratos, autorizaciones, pagos o movimientos de fondos.

Por eso el juicio debe responder, acusado por acusado, preguntas básicas:

Si un acusado firmó una autorización, debe probarse esa firma y su efecto. Si otro movió fondos, debe probarse la ruta del dinero. Si otro custodió criptoactivos, deben identificarse las billeteras y transacciones. Si otro participó en una empresa, debe demostrarse su rol real y no solo su aparición formal. Si otro era subordinado, debe distinguirse si actuó con conocimiento penalmente relevante o bajo una instrucción administrativa ordinaria.

Cada delito exige su propia prueba

La asociación para delinquir, por ejemplo, no puede presumirse por estar cerca de otros acusados. Requiere demostrar pertenencia, conocimiento, coordinación y finalidad delictiva. La legitimación de capitales exige identificar operaciones concretas destinadas a ocultar o dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. La apropiación o distracción del patrimonio público exige probar el acto de apropiación, distracción, beneficio o participación. Y delitos tan graves como traición a la patria requieren una justificación jurídica mucho más específica que una narrativa de daño económico.

Por eso, en el juicio PDVSA-Cripto, la conexión entre acusados no puede descansar en una fórmula general. Debe surgir de pruebas lícitas, controlables y contradictorias.

El riesgo de los macroprocesos

El tribunal debe evitar que el expediente funcione como una red de arrastre donde todos quedan vinculados por proximidad, cargo, amistad, parentesco, subordinación o aparición documental. La pregunta correcta no es solo si existió una trama. La pregunta es qué hizo cada persona dentro de ella, si realmente formó parte de ella y qué prueba permite afirmarlo.

El riesgo de los macroprocesos es que la magnitud de la causa termine sustituyendo la individualización. Cuando el expediente es enorme, cuando el número de acusados es alto y cuando el relato público habla de "red", "trama" o "estructura", puede producirse una peligrosa simplificación: tratar a todos como partes iguales de un mismo bloque.

Pero el derecho penal no juzga bloques. Juzga personas.

Si la acusación se apoya en la idea de una red común, el juicio debe demostrar cómo se activa esa red en cada persona, con qué actuación concreta, con qué prueba y con qué vínculo entre hechos.

Lo que debe responder el tribunal

La justicia no puede limitarse a preguntar quiénes están sentados en el mismo proceso. También debe preguntarse qué los une jurídicamente dentro de una misma causa.

Estas preguntas no son tecnicismos. Son garantías.

Cuando el número de personas juzgadas es tan alto, mayor debe ser el deber de individualizar. De lo contrario, la causa corre el riesgo de convertirse en un juicio colectivo de sospecha, donde la gravedad del caso termina pesando más que la prueba contra cada acusado.

La pregunta correcta no es solo si existió una trama. La pregunta es qué hizo cada persona dentro de ella, si realmente formó parte de ella y qué prueba permite afirmarlo.

La justicia no puede condenar por cercanía. Debe demostrar vínculos reales.

Y en el caso PDVSA-Cripto, esa es una de las preguntas que el tribunal no puede evadir: no solo quiénes están sentados en el mismo proceso, sino qué los une jurídicamente dentro de una misma causa.