Defenderse sin acceso pleno también es indefensión: el expediente PDVSA-Cripto.

En el juicio por el caso PDVSA-Cripto, una pregunta resulta esencial para medir la legitimidad del proceso: ¿la defensa tuvo acceso pleno y oportuno al expediente, especialmente tratándose de una causa voluminosa, técnica y de alta complejidad?

No se trata de una formalidad menor. En un proceso penal, el derecho a la defensa no se satisface únicamente permitiendo que un abogado esté presente en audiencia. Para que la defensa sea real, debe poder conocer el expediente, revisar las actas, estudiar las pruebas, contrastar documentos, preparar interrogatorios, examinar experticias y construir una estrategia con tiempo suficiente.

Si el expediente es voluminoso, la exigencia es mayor. Si además involucra petróleo, contratos, operaciones internacionales, criptoactivos, finanzas, contabilidad, empresas, billeteras digitales y presunta legitimación de capitales, entonces el acceso debe ser no solo formal, sino materialmente útil.

Una defensa que recibe información tarde, de forma incompleta o sin tiempo razonable para analizarla no está defendiendo en igualdad de condiciones. Está reaccionando a ciegas frente a una maquinaria acusatoria que ya tuvo meses o años para construir su narrativa.

En el caso PDVSA-Cripto, el problema se agrava porque no se trata de una causa sencilla ni de pocos acusados. Se habla de decenas de procesados, múltiples delitos, documentos técnicos, actas policiales cuestionadas, informes reservados, operaciones petroleras y supuestos movimientos criptofinancieros. Frente a ese volumen, la defensa necesita acceso ordenado, completo y verificable.

El expediente no puede ser una caja cerrada.

Tampoco puede convertirse en un laberinto donde la defensa tenga que adivinar qué prueba sostiene cada imputación. Si una persona es acusada de participar en una trama, tiene derecho a saber exactamente qué hecho se le atribuye, qué documento lo vincula, qué testigo lo menciona, qué operación se le imputa, qué experticia lo compromete y qué elemento concreto pretende usar la Fiscalía en su contra.

Sin ese acceso, la contradicción se vuelve ficticia.

El Ministerio Público puede tener una teoría del caso. Pero la defensa tiene derecho a conocerla en detalle para desmontarla, discutirla o confrontarla. No basta con entregar una acusación general ni con permitir una revisión limitada del expediente. La defensa debe tener tiempo, medios y condiciones reales para estudiar cada elemento.

La falta de acceso pleno y oportuno afecta varios derechos a la vez: el derecho a la defensa, la igualdad de armas, la presunción de inocencia, la contradicción, el control de la prueba y el debido proceso.

Además, en una causa técnica, el acceso tardío impide consultar expertos, revisar trazabilidad financiera, analizar registros contables, estudiar contratos, verificar billeteras digitales, contrastar fechas y detectar inconsistencias. Es decir, impide hacer justamente lo que una defensa seria necesita hacer.

La pregunta, entonces, no es solo si el expediente existe.

La pregunta es si la defensa pudo usarlo.

¿Tuvo acceso completo?

¿Lo tuvo a tiempo?

¿Pudo copiar, revisar y estudiar los documentos?

¿Pudo consultar expertos?

¿Pudo conocer los informes reservados o técnicos usados por la acusación?

¿Pudo preparar interrogatorios con base en esos elementos?

¿Pudo vincular cada prueba con cada acusado?

Si la respuesta a esas preguntas es negativa o incierta, el juicio enfrenta una falla estructural.

Porque nadie puede defenderse adecuadamente de lo que no conoce. Nadie puede controvertir una prueba que no ha podido revisar. Nadie puede preparar una defensa técnica frente a un expediente oculto, fragmentado o entregado tarde.

En el caso PDVSA-Cripto, la magnitud del proceso exige máxima transparencia procesal. Mientras más grave sea la acusación, mayor debe ser la garantía de defensa. Mientras más técnico sea el expediente, más amplio debe ser el acceso. Mientras más personas estén acusadas, más cuidadosa debe ser la individualización de las pruebas.

Un juicio de esta naturaleza no puede avanzar sobre la base de una defensa debilitada por falta de acceso.

Si el Estado acusa, debe permitir defenderse.

Y defenderse, en una causa como PDVSA-Cripto, empieza por algo básico: conocer completa y oportunamente el expediente.