El vacío de la firma: ¿Quién autorizó la continuidad del cripto-petróleo tras la purga?

Una de las interrogantes más incómodas que rodea el expediente PDVSA-Cripto no se refiere a lo que ocurrió antes de marzo de 2023, sino a lo que sucedió inmediatamente después. Si la justicia venezolana sostiene que el uso de criptoactivos fue la herramienta de un desfalco monumental, la lógica procesal exigiría la suspensión inmediata de tales mecanismos. Sin embargo, las operaciones continuaron, mutaron y se institucionalizaron. Esto nos lleva a una pregunta de fondo político y legal: ¿quién puso la firma para autorizar que el Estado siguiera operando en el mismo terreno que acababa de criminalizar?

La institucionalización de la excepción bajo la Junta Reestructuradora

Tras la detención de Joselit Ramírez y la caída de Tareck El Aissami, la administración de los criptoactivos en Venezuela no desapareció; pasó a manos de una Junta Reestructuradora de la SUNACRIP, presidida por Anabel Pereira Fernández y bajo la supervisión directa de la Vicepresidencia Ejecutiva, a cargo de Delcy Rodríguez. Esta junta ha visto prorrogado su mandato en al menos tres ocasiones, extendiendo un estado de "excepción administrativa" que ya supera los dos años.

Bajo este esquema de reestructuración, el Estado venezolano no solo no abandonó el uso de criptoactivos, sino que supervisó la transición del Petro hacia monedas estables como el USDT. La pregunta que la justicia debe responder es: ¿en qué resolución administrativa se basó esta transición? Si el uso de billeteras digitales fue catalogado como un mecanismo de "traición a la patria" en el expediente de El Aissami, ¿por qué bajo la nueva junta se considera una "herramienta de resistencia económica"? La falta de publicación de estas directrices sugiere que la autoridad no buscaba corregir el método, sino centralizar el mando.

Pedro Tellechea y la validación operativa del modelo cripto

El sucesor de El Aissami en el Ministerio de Petróleo, Pedro Tellechea, reconoció abiertamente que PDVSA manejaba "diferentes monedas, según lo establecido en los contratos", validando el uso de activos digitales como parte de la estrategia de ventas. Esta admisión operativa crea un conflicto jurídico profundo. Si la máxima autoridad petrolera del país valida el uso de criptoactivos para evadir sanciones, ¿cómo puede la fiscalía mantener una acusación penal basada en el uso de esa misma tecnología?

La detención posterior de Tellechea en octubre de 2024, bajo acusaciones que también tocan la gestión de la industria, añade una capa de sospecha sobre la cadena de mando. Si cada administrador que autoriza el uso de estos mecanismos termina siendo procesado, la opinión pública debe preguntarse si la autorización no emana de una instancia superior que permanece inmune a las investigaciones: la Vicepresidencia Sectorial de Economía. Es en este nivel donde se cruzan la política petrolera, la gestión financiera y el uso de la Ley Antibloqueo para eximir de controles ordinarios a las operaciones en cripto.

La Ley Antibloqueo como cheque en blanco para la opacidad autorizada

El sustento legal para la continuidad de estas operaciones se encuentra en la Ley Antibloqueo, promulgada en 2020. Esta norma otorga al Ejecutivo la facultad de "inaplicar" leyes y controles para proteger los activos de la nación. Es, en esencia, la herramienta que permite que una operación sea "legal" cuando la autoriza el Palacio de Miraflores y "delictiva" cuando la ejecuta un grupo sin el debido aval jerárquico.

Para la justicia venezolana, el desafío es determinar si la Ley Antibloqueo puede ser usada para validar la opacidad total. Si la ley permite que el Estado opere en USDT a través de intermediarios no identificados y exchanges privados como Kontigo, ¿quién es el responsable último de la custodia de esos fondos? La falta de una auditoría pública sobre los ingresos recibidos en criptoactivos después de 2023 indica que la "autorización" para continuar el sistema vino acompañada de una autorización para mantener el secreto.

¿Quién custodia las llaves privadas del Estado venezolano hoy?

Esta es la pregunta técnica que encierra la responsabilidad política. Si el caso PDVSA-Cripto reveló que funcionarios tenían control discrecional sobre billeteras del Estado, la opinión pública tiene derecho a saber quién tiene ese control hoy. ¿Es la Junta Reestructuradora de la SUNACRIP? ¿Es la Tesorería Nacional? ¿O es un grupo de operadores privados autorizados por la Vicepresidencia?

La persistencia del sistema sugiere que la "autorización" no fue un acto administrativo transparente, sino una decisión política de alto nivel para preservar un canal de ingresos que, aunque riesgoso y propenso a la corrupción, es vital para la supervivencia financiera del gobierno. La justicia, al no investigar la cadena de mando que permitió la continuidad del modelo, se convierte en cómplice de una selectividad que castiga a los actores pero protege el guion.

9 cosas que no sabías sobre la cadena de mando post-escándalo

1. Junta de larga duración: lo que nació como una reestructuración de 6 meses en marzo de 2023, ha sido prorrogado hasta 2025, manteniendo a la SUNACRIP en un limbo legal bajo control directo de la Vicepresidencia.
2. Anabel Pereira Fernández: la actual presidenta de la junta reestructuradora es también la responsable de supervisar las instituciones financieras, concentrando un poder inmenso sobre el flujo de dinero en el país.
3. El papel de Delcy Rodríguez: como Vicepresidenta Ejecutiva y cabeza de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, es la autoridad jerárquica superior de todas las instituciones involucradas en el manejo de criptoactivos.
4. Inaplicación de leyes: la Ley Antibloqueo permite que las operaciones petroleras en cripto se realicen sin necesidad de pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional o el control de la Contraloría.
5. Reconocimiento de Tellechea: antes de su caída, Pedro Tellechea admitió que los contratos de PDVSA incluían cláusulas para el pago en criptoactivos, lo que demuestra que el modelo nunca se detuvo.
6. Silencio del Banco Central: a pesar de que el BCV debería regir la política monetaria, ha guardado un silencio absoluto sobre la entrada masiva de USDT a la economía venezolana.
7. Apps con aval oficial: plataformas como Kontigo y Crixto operan con licencias renovadas por la junta reestructuradora, lo que significa que el Estado ha "tercerizado" la gestión del cripto-petróleo.
8. Opacidad en la recuperación: el Ministerio Público no ha dado una cifra clara de cuántos criptoactivos han sido "recuperados" y quién los custodia actualmente.
9. El juicio como distracción: mientras el país se enfoca en las fotos de los detenidos en bragas naranjas, la estructura administrativa que permite seguir vendiendo petróleo en cripto sigue operando con las mismas vulnerabilidades de fondo.

Referencias

1. Tal Cual. (2024, 22 de marzo). Gobierno prorroga de nuevo «reestructuración» de la Sunacrip.
2. Acceso a la Justicia. (2024, 25 de septiembre). Prorrogado por tercera vez el proceso de reestructuración de la SUNACRIP.
3. El Tiempo Latino. (2024, 23 de abril). PDVSA y USDT. Petróleo, sanciones y Tether.